Derecho Constitucional Económico I

Derecho Constitucional Económico I: Garantías económicas, doctrina y jurisprudencia

FERMANDOIS V. ARTURO
Copyright Date: 2001
Edition: 2
Published by: Ediciones UC
Pages: 232
https://www.jstor.org/stable/j.ctt15hvsz5
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    Derecho Constitucional Económico I
    Book Description:

    Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.

    eISBN: 978-956-14-1544-7
    Subjects: Law

Table of Contents

  1. Front Matter
    (pp. 1-12)
  2. Table of Contents
    (pp. 13-19)
  3. PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
    (pp. 20-21)
    ARTURO FERMANDOIS VÖHRINGER
  4. INTRODUCCIÓN
    (pp. 22-26)

    Este libro pretende hacerse cargo de la mutación esencial sufrida por Chile en los últimas 25 años del siglo XX en su vértice constitucional-económico. Acomete así la tarea de identificar los elementos jurfdícos basicos –principios y garantías– que están jugando un rol cotidiano en el nuevo escenario, sistematizarlos, interpretarlos y ofrecerlos a estudiantes, abogados y principalmente jueces, de forma que su genuina aplicación se consolide en los tiempos venideros del siglo XXI.

    En esta tare a de modernización constitucional que nos h emos propuesto, ingratas tareas resultaran insoslayables.

    Primeramente, propondremos una reformulación del anquilosado concepto doctrinario de Orden Público Económico...

  5. PRIMERA PARTE: EL ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO BAJO LA CARTA DE 1980
    • 1. DERECHO CONSTITUCIONAL ECONÓMICO, ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO Y CONSTITUCIÓN ECONÓMICA.
      (pp. 29-33)

      Entendemos por Derecho Constitucional Ecónmico¹ (DCE) aquel conjunto de normas y principios que, recogidos en la Constitución, tienen efecto patrimonial sea para el Estado, para los individuos, o para ambos².

      Esta rama del derecho público consolidó su identidad propia al tiempo que las Leyes Fundamentales de los Estados comenzaron a incorporar, además de disposiciones orgáoicas sabre la actuación económica del Estado, garantías destinadas a proteger la iniciativa económica y el consiguiente patrimonio de los ciudadanos³. En ese momenta, la tensión entre derechos sociales, políticos y patrimoniales se trasladó al máximo escenario jurídico, el Derecho Constitucional, y, como afirma Siegan, comenzó...

    • 2. LA RELACIÓN ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA
      (pp. 33-41)

      Se demostrará más adelante en este libro que el OPE es un concepto metarregulatorio, metasancionatorio y metaprohibitivo; es decir, que hoy ya no se satisface en la función de limitar la autonomía de la voluntad. Esto, sin embargo, levanta un problema de fondo, muy común en la doctrina, que se define a continuación.

      Si hemos afirmado que nuestra Magna Carta de 1980 redefinió el OPE, lo elevó a rango constitucional en sus elementos esenciales, y lo especificó notablemente dotándolo de contenido a nivel de individuo y de Estado, corresponde preguntarse: ¿Por qué ha hecho tal cosa? ¿Es lícito que la...

    • 3. EL CONCEPTO Y CONTENIDO DEL ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO
      (pp. 41-69)

      Establecida la conveniencia doctrinaria de constitucionalizar el sistema económico, corresponde, no obstante y antes de avanzar en el estudio de esas bases en Chile, hacerse cargo de indagar por el contenido de la recurrida noción de OPE.

      Existe una notoria desproporción en la producción doctrinaria sabre el OPE en relación a la utilización que se hace de él. Entre la escasez de autores nacionales en la materia, justo es reconocer que el concepto más difundido es el propuesto por el profesor Cea Egaña: “el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a...

    • 4. ACTUAL CONTENIDO DEL ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO
      (pp. 69-75)

      Llega el momenta de formular un concepto de OPE acorde con la Constitución de 1980, atribuirle sus elementos más relevantes y fundamentar adecuadamente la propuesta.

      En páginas anteriores presentamos un panorama somero del surgimiento del concepto de OPE.

      En ellas se comprobó que el concepto tradicional de Orden Público Económico nació para cumplir una función precisa, que es limitar la autonomía de la voluntad particular. Recuérdese que, a diferencia de las materias de orden público civil, los derechos económicos son esencialmente renunciables. Así, las normas de ordenpúblicose imponen por sabre las de ordenprivadopara que éstas se...

    • 5. CONSTITUCIÓN ECONÓMICA EN EL DERECHO COMPARADO
      (pp. 76-82)

      La Constitución de Alemania (Federal, 1949, unificada, 1991) es uno de los ejemplos en el Derecho Constitucional de opción por una constitucionalización de las bases económicas. Cuna del famoso concepto de “economía social de mercado”, su cercanía con la Constitución chilena de 1980 es, en éste y en otros tantos aspectos, evidente.122

      La Carta alemana ingresa a los tres pianos económico-constitucionales que hemos definido.

      a) En el ambito de las garantías constitucionales, la Ley Fundamental alemana desarrolla una serie de derechos que habilitan a los ciudadanos a ejercer actividades económicas y a proteger el producto de esa actividad. En el...

  6. SEGUNDA PARTE: EL CONTENIDO DEL ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO CHILENO
    • 1. LOS PRINCIPIOS
      (pp. 85-117)

      La sistematización de los principios constitucionales pertenecientes al OPE tiene siempre el riesgo de admitir adiciones o replantearnientos. La sola primacía del hombre por sabre el Estado perrnitiría omnicomprender todos los demás principios, incluido el de subsidiariedad y desde luego el de libertad econórnica, todos conformando el bien común.

      Para fines pedagógicos, en todo caso, corresponde dar identidad a aquellos que nos parecen más gravitantes desde su perspectiva operativa, cruciales a la hora de interpretar las garantías.

      Desde esta perspectiva, los principios son los siguientes:

      1.1 La Primacía del Hombre y el Principia de Autonomías Sociales

      1.2 El Principia de...

    • 2. LAS GARANTÍAS DEL ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO
      (pp. 117-117)

      Son garantías del OPE:

      i. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no se oponga a la moral, al orden público o a la seguridad nacional;

      ii. La igualdad y no discriminación arbitraria que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica;

      iii. La libre accesibilidad a la propiedad de los bienes corporales e incorporales;

      iv. El derecho de propiedad;

      v. La igualdad, justicia y no afectación tributarias, y

      vi. La intangibilidad de la esencia de los derechos y garantías constitucionales.

      En este Torno I, cubriremos las dos primeras garantías. A continuación trataremos delderecho a desarrollar...

    • A. LA GARANTÍA POSITIVA:: DERECHO A DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD ECONÓMICA
      • 1. Marco Interpretativo de la Libertad de Empresa
        (pp. 117-120)

        La garantía de la libertad económica, de empresa, de industria y comercio, o cual sea la denominación de la acción de emprender actividades lucrativas, debe ser interpretada en armonía con los principios constitucionales del OPE, y primeramente con aquellos de las autonomías sociales y la subsidiariedad.187

        Probablemente la tarea del nuevo siglo que se inicia consiste en promover una interpretación judicial armónica de este derecho –y no disonante– con los principios constitucionales fundantes del OPE.

        La pregunta por el contenido de la libertad en el piano económico-constitucional ha convocado a la doctrina comparada a constantes reflexiones. Desde las páginas de...

      • 2. Manifestaciones del principio en la ley. Concordancias
        (pp. 121-123)

        La legislación económica nacional exhibe –paradójicamente– un cierto retraso en materializar operativamente los principios constitucionales de la libre empresa. Los cuerpos legales más trascendentes provienen de la primera mitad de la década de 1980, estando vigente la nueva Carta, y por ello habría de esperarse plena armonía con la misma.

        Empero, la fuerte tradición reglamentaria, administrativista y tuteladora del período previo a la Constitución de 1980 sigue vigente en algunos cuerpos legales. Con todo, es posible anotar concordancias generales que recogen a nivel legislativo el principio de libertad económica, especialmente en cuanto a la libre formación de entidades productivas o...

      • 3. Límites a la libertad contractual económica
        (pp. 123-124)

        En muchos cuerpos legales encontramos limitaciones a la libertad económica, tanto establecidas directamente por el legislador coma por remisión a la Autoridad Administrativa. A ésta, a su vez, se le faculta para actuar dictando normas de carácter general o mediante resoluciones particulares y, además, discrecionales.

        Un ejemplo es el artículo 20° de este cuerpo, que señala que: “El derecho de aprovechamiento se constituye originariamente por acto de autoridad. La posesión de los derechos así constituidos se adquiere por la competente inscripción”.

        Un precepto clásico de esta rama del derecho, que ha sido considerada desde siempre coma ejemplo de normas de...

      • 4. Conceptos básicos en torno a la libertad económica
        (pp. 124-131)

        En este apartado indagaremos sobre el contenido y ámbito puro del derecho constitucional a desarrollar una actividad económica. Una forma defectuosa de abordar esta tarea sería comenzando por suslímitespara, una vez identificados, señalar que lo que queda comprendido en su interior constituye el derecho, con pleno beneplácito constitucional.

        Esta técnica negativa de definir el contenido del derecho de libertad económica no es nueva; Viciano ya plantea la existenciade límites intrínsecosylimítes extrínsecosal derecho para dar con su esencia (Libre competencia e intervención pública en la Economía, página 169). Para Viciano, el contenido esencial de la...

      • 5. Actividad económica amparada por la Carta. Legalidad y legitimidad
        (pp. 132-134)

        El siguiente concepto introductorio a reseñar es el relativo a la legalidad o ilegalidad de la actividad económica cuyo amparo constitucional se pretende por la vía del artículo 19 N° 21. Juris-prudencialmente se ha asentado la premisa consistente en que la Constitución sólo protege las actividades económicas ejercidas según la ley. Esta clase de limitantes corresponden a los límites extrínsecos de la libertad económica, impuestos previamente por agentes reales, sean constituyentes, legislativos, administrativos, comunales u otros.

        Las fuentes constitucionales para exigir que una actividad económica se enmarque en la ley son dos: el artículo 19 N° 21, inciso primero, con...

      • 6. Actividad económica: género y especie. El lucro o utilidad
        (pp. 134-137)

        Como lo expresa literalmente el texto de la primera frase del numeral 21 del artículo 19, la garantía constitucional recae sobre el desarrollo de actividades “económicas”.

        Corresponde entonces efectuar ciertas precisiones en este concepto, por cuanto aquellas actividades que no sean “económicas”, quedarán por cierto excluidas del amparo constitucional que se franquea al individuo.

        La expresión “actividad económica” es ligeramente distinta a “actividad empresarial”, expresión ésta utilizada por la Carta Fundamental en el inciso segundo del mismo número para los efectos del Estado-Empresario.

        De las actas de la CENC se desprende con claridad que el conceptoactividad económicafue entendido...

      • 7. La Prohibición de la Actividad Económica
        (pp. 137-151)

        Hemos definido en el capítulo anterior el concepto de actividad económica amparado por la garantía del artículo 19 N° 21. Corresponde ahora avanzar en el análisis de las prohibiciones que a renglón seguido admite la Carta Fundamental en su texto.

        La frase que será objeto de nuestro análisis constitucional será entonces la que dispone que la garantía se otorga para desarrollar “cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional”. Ello nos lleva al tema de las prohibiciones a desarrollar actividades económicas, impuestas en razón de las causales constitucionales citadas. Ingresamos...

      • 8. La regulación de la actividad económica
        (pp. 151-199)

        Al comienzo de este trabajo se enunció el principio de Reserva Legal Económica como uno de los elementos centrales en el contenido actual del OPE. Este principio tiene diversas manifestaciones prácticas a lo largo de las garantías económicas de la Constitución.

        Pero antes de revisar los pasajes del texto que configuran este principio, cabe la pregunta: ¿en favor de quién cede la reserva legal económica?; y a continuación, si hemos de considerar la reserva legal reguladora en sí de una garantía, ¿en qué consiste y cómo opera?235

        A la primera interrogante debe responderse sin vacilaciones: la reserva legal cede en...

      • 9. Regulación Económica y Derechos Adquiridos
        (pp. 199-200)

        Una vez admitido como bien jurídico constitucional el principio de reserva legal de la regulación económica, surge el problema de los límites que el legislador debe respetar en esta tarea.

        Más propiamente vinculado con el derecho de propiedad, es útil ahora subrayar que existe un límite constitucional inamovible para la ley al regular la actividad económica: el respeto a los derechos adquiridos. Esta limitación emana del inciso segundo del N° 24 del artículo 19, de la doctrina y la creciente jurisprudencia al respecto.

        El problema para doctrina y jurisprudencia, desde luego, es avanzar a un concepto más unívoco y comprensible...

      • 10. Regulación económica y órganos antimonopolios
        (pp. 200-204)

        Un último aspecto de interés constitucional en materia de regulación de la actividad económica se vincula con la normativa antimonopólica333.

        Nuestro sistema de protección de la libre competencia, institucionalizado mediante el DL 211 de 1973, que a su vez foe refundido mediante el DL 511 de 1980, ha sido profundamente reestructurado por el legislador a través de la Ley N° 19.911, publicada en el Diario Oficial el 14 de noviembre de 2003. La máxima virtud de esta reforma consistió en abandonar la mixtura administrativo-jurisdiccional que caracterizaba al sistema de las Comisiones Preventivas y Resolutiva para dar paso a un Tribunal...

      • 11. Reserva legal y tratados internacionales
        (pp. 204-217)

        Existe una zona de emergente problemática en materia de reserva legal y garantías económicas, que es la referida a los tratados internacionales. Si bien a la fecha de publicación de la primera edición de este volumen eran varias las preguntas cuya respuesta jurisprudencial resultaba amenazante para una efectiva vigencia de la reserva legal, como veremos estos dilemas han sido hoy satisfactoriamente resueltos por los órganos competentes para ello:

        – ¿Cómo se aprueba un tratado? ¿Cuán obligatoria es la intervención del Congreso en tratados que se refieren a garantías constitucionales? ¿Cómo se ha interpretado la frase “la aprobación de un tratado...

    • B. LA GARANTÍA NEGATIVA:: DERECHO AL ESTADO EMPRESARIO SUBSIDIARIO
      • 1. INTRODUCCIÓN: LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DEL INCISO 2°
        (pp. 218-219)

        El inciso segundo del N° 21 del artículo 19 confiere a “todas las personas” una doble garantía: a) el derecho a que el Estado y sus organismos no desarrollen actividades empresariales o participen en ellas, por regla general, sin una autorización específica, y b) el derecho a que el Estado participe o desarrolle dichas actividades, en la medida de sus facultades, cuando así lo exija el principio de subsidiariedad357.

        A su vez, la primera garantía, contiene las siguientes subgarantías:

        a. El derecho a que la autorización que se otorgue al Estado y sus organismos para excepcionalmente actuar o participar en...

      • 2. DERECHO PREFERENTE DEL INDIVIDUO
        (pp. 219-221)

        ¿Por qué hemos de suponer que la persona tiene preferencia sobre el Estado para desarrollar una actividad económica? ¿Por qué el Estado empresario sería un fenómeno reservado para el caso de que el sector privado fracase o no se interese por una determinada actividad económica necesaria para el bien común?

        El derecho preferente del individuo se sustenta en varias categorías de razones: filosóficas, de historia fidedigna y de texto constitucional y legal.358Fruto de este cúmulo de razones, la preferencia individual ha sido recogida consistentemente por la jurisprudencia.

        Para demostrar la excepcionalidad del Estado Empresario, es necesario resolver previamente si...

      • 3. LA EXPRESIÓN “ESTADO Y SUS ORGANISMOS”. LAS EMPRESAS DEL ESTADO Y SU CARÁCTER
        (pp. 222-223)

        Se ha entendido por la expresión “organismos del Estado” del inciso segundo del N° 21 del art. 19, todos aquellos entes pertenecientes a la Administración centralizada y descentralizada del Estado, inclusive los organismos constitucionales autónomos (Banco Central, Contraloría General de la República, Poder Judicial).

        En definitiva, se comprenden en este sentido lato de Estado, las entidades detalladas en el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 18.575, LOC de Bases Generales de la Administración del Estado.

        Así, son organismos del Estado: los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la...

      • 4. ACTIVIDAD EMPRESARIAL
        (pp. 223-225)

        Hemos revisado en páginas previas que la actividad empresarial a que se refiere el inciso segundo del art. 19 N° 21 es una especie respecto del género de la actividad económica. Así se concluye de variadas constancias en la Sesión N° 388 de la CENC, de fecha 27 dejunio de 1978, particularmente las de Jaime Guzmán y Raúl Bertelsen.

        Por consiguiente, actividad económica es toda aquella susceptible de producir lucro o de alterar los elementos que lo producen; actividad empresarial es aquella actividad económica que el ente despliega organizado en un conjunto de personas y bienes llamado “empresa”.

        La trascendencia...

      • 5. LOS VOCABLOS DESARROLLAR Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EMPRESARIALES
        (pp. 225-225)

        La primera frase del inciso 2° del art. 19 N° 21 dispone:

        “El Estado y sus organismos podrándesarrollaractividades empresariales oparticiparen ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza”.

        El texto precisa, entonces, indagar por el alcance de las voces desarrollar y participar.

        La diferencia entre ambos conceptos emerge con claridad. Mientras eldesarrollode actividades empresariales refiere a una acción protagónica del agente respecto de la actividad, laparticipaciónen ellas tiene una connotación de accesoriedad.

        Dice el Diccionario de la Real Academia que desarrollares “extender lo que está arrollado”, “dar incremento a...

      • 6. REQUISITOS CONSTITUCIONALES DEL ESTADO-EMPRESARIO
        (pp. 226-239)

        En este apartado identificaremos los tres requisitos constitucionales básicos para la actuación del Estado en la actividad empresarial, a saber,

        Se trata de requisitos formales. El principio sustantivo a respetar es la subsidiariedad empresarial del Estado, que será apreciado, correcta o equivocadamente, por el legislador calificado.

        Estos requisitos son:

        a. Ley dequórum calificado;

        b. Especialidad de la ley autorizatoria; y

        c. Especialidad del giro empresarial estatal.

        El artículo 66, inciso tercero de la CPR, dispone que las leyes de quórum calificado se “establecerán, modificarán o derogarán, por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio”.

        Luego, las...

      • 7. LAS VÍAS DE INFRACCIÓN FÁCTICA DE LA GARANTÍA:
        (pp. 240-243)

        Transcurridos ya 16 años del nacimiento del Recurso de Amparo Económico, hay que subrayar que, en realidad, no ha tenido éxito en evitar que el Estado siga entrando, a veces imperceptiblemente, a desarrollar o participar en actividades económicas que no le están autorizadas.395

        Destinaremos este apartado a indagar sobre las vías extrajurídicas, de hecho, que el Estado ha venido utilizando para desbordar su estatuto constitucional.

        No ha resultado cómodo al Estado–incluyendo en éste al Poder Judicial– acostumbrarse al repliegue empresarial que le exigen los artículos 1° y 19 N° 21 de la CPR. Sus causas son comprensibles, porque en...

      • 8. DERECHO PARTICULAR AL ESTATUTO COMÚN CON EL ESTADO-EMPRESARIO
        (pp. 243-245)

        El Estatuto Constitucional del EE se completa con una doble garantía para el individuo, que señalaremos como integrante del OPE: el derecho al Estado-Empresario equivalente y competitivo.

        La exigencia de que las actividades empresariales del Estado “…estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares” (inciso 2°, N° 21) tiene su fundamento valórico en la necesidad de que el Estado, una vez investido como empresario por el legislador, actúe como sujeto de derecho privado, sin ejercicio de potestades públicas, sólolibertas, nuncapotestas.

        Esto emana también de una consideración lógica: si la subsidiariedad exige que el Estado se haga...

      • 9. EL ESTATUTO ESPECIAL DEL ESTADO-EMPRESARIO
        (pp. 245-246)

        El N° 21 del artículo 19 termina autorizando a la ley para establecer las excepciones al principio anterior, sometiendo al Estado a normas distintas a las de las particulares, par “motivos justificados”, mediante una ley aprobada con quórum calificado.

        Par las razonamientos expuestos, se entiende que se trata de normas especialesmás favorablesque las aplicables a las particulares. Para aprobar normas más desfavorables no se requeriría ni ley ni un quórum especial, siguiendo la lógica de la regla general y la excepción del ejercicio de la actividad económica, recogida por el TC en su fallo rol N° 134, de...

      • 10. LA DISPOSICIÓN QUINTA TRANSITORIA Y SU ROL EN ESTA MATERIA
        (pp. 246-248)

        La decepción final para el estudioso del Derecho Constitucional Económico Chileno es la Disposición Quinta Transitoria. Reconociendo que se trata de una norma necesaria en todo proceso de reformulación global de una Carta Básica, sus costos han sido enormes.

        Reza este precepto:

        “Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales”.

        La disposición quinta transitoria decreta una zona de...

  7. TERCERA PARTE: LA NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA EN MATERIA ECONÓMICA
    • 1. INTRODUCCIÓN
      (pp. 251-252)

      Sabre la igualdad y no discriminación se han escrito bibliotecas completas, pero resulta sorprendente la incapacidad que nos representa esta garantía para acotarla, precisarla, concretizarla. La construcción de una teoría general operativa sabre la igualdad permanece como desafío, al tiempo que la jurisprudencia ha venido gozando de una gran flexibilidad para definir los atentados a este principio universal410/411.

      La doctrina exhibe una gama completa de planteamientos, ciertamente inasibles a la hora de aplicarlos a la realidad. Hay autores como Martín Cubas, por ejemplo, que han llegado a generar siete clases de igualdad al clasificar esta materia:jurídico-política, social, de acceso,...

    • 2. CONTENIDO DE LA GARANTÍA DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
      (pp. 252-263)

      Definir y dar contenido a la igualdad ha sido tan difícil para la doctrina como definir la justicia. Las definiciones clásicas como “dar a cada uno lo suyo” no hacen más que perpetuar un vacío que sólo ha venido llenándose en el último tiempo conforme avanza la necesidad de explicitar los criterios prácticos de la igualdad. Bandeira de Mello, construyendo sobre la idea clásica, definió la igualdad como “tratar de forma igual a los iguales y desigualmente a los desiguales”.413

      No se requiere, en realidad, ninguna genialidad para observar que la doctrina y jurisprudencia sobre igualdad navega en un mar...

    • 3. CONCLUSIÓN: ELEMENTOS DEL JUICIO DISCRIMINATORIO NO ARBITRARIO
      (pp. 263-264)

      En suma, propondremos los siguientes elementos para sistematizar el contenido de la garantía de la igualdad ante la ley y en la ley, por la vía de identificar cuál es el contenido del juicio discriminatorio no arbitrario:

      Tal juicio:

      a. No distingue, al imponer regulaciones, restricciones o al conceder beneficios,entre quienes se encuentran vinculados por un elemento esencialcomún y que, por tanto, pertenecen a la misma categoría de sujetos;452

      b. Es proporcional en el media propuesto por la norma en relación al fin que persigue la norma (razonable en sí), y

      c. Es proporcional en la entidad o...

    • 4. LA NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA EN MATERIA ECONÓMICA
      (pp. 264-271)

      La afirmación constitucional de la igualdad y negación de toda diferencia arbitraria se insertó ya al inicio del catálogo de garantías, en el N° 2 del artículo 19. Ahora, debe considerarse que la frase “ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias” del inciso 2° de aquel número, es suficientemente poderosa en la proscripción de la arbitrariedad y protectora de todas las igualdades específicas que surjan en la vida social.

      Así, por hallarse naturalmente incluida en aquel N° 2 del artículo 19, corresponde entonces preguntarse sabre los fundamentos que se tuvieron para crear esta nueva igualdad, específica para...

    • 5. JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DE LA GARANTÍA
      (pp. 271-286)

      La jurisprudencia de nuestros tribunales no ha sido especialmente creativa en materia de igualdad. Tampoco destaca al momento de concretizar la isonomía en materia económica. Con todo, es posible sistematizarla en algunas de sus mejores contribuciones.

      Aquí se encuentra la más gruesa línea jurisprudencial en materia de discriminación económica arbitraria. Es aquella que tiende a enfatizar la justificación razonable y no caprichosa para los actos estatales acusados de tal vicio. Se trata, en realidad, de una reproducción de la línea clásica en materia de arbitrariedad. Para este efecto el juez deberá escudriñar por causas lógicas en elcontexto fáctico y...

    • 6. LA TOLERANCIA CONSTITUCIONAL DE LA DISCRIMINACIÓN ECONÓMICA
      (pp. 286-292)

      La ambigüedad de la voz “discriminación” al tiempo de la redacción de la Carta hizo necesario incluir un inciso segundo al N° 22 de su artículo 19. En rigor, este inciso es una anomalía y redundancia, porque contiene una disposición propia de la parte orgánica dirigida al Estado y no una garantía directa conferida a las personas. Además, está destinada a facultar al Estado a cometer discriminaciones “no arbitrarias” en su trato económico, las que al tenor del inciso primero ya se encontraban autorizadas.

      Fue, sin embargo, en la sesión N° 393 de la CENC, de 4 de julio de...

  8. BIBLIOGRAFÍA
    (pp. 295-305)
  9. ÍNDICE DE CONCEPTOS Y MATERIAS
    (pp. 306-330)
  10. ÍNDICE ONOMÁSTICO
    (pp. 331-336)