La participación ciudadana en el Perú parece concitar grandes consensos. Prácticamente en toda dependencia pública existe una oficina de participación ciudadana. El Congreso de la República tiene una oficina dedicada a ello, así como la mayoría de ministerios, en muchos de los cuales, además, existen consejos de concertación abiertos a la inclusión de representantes de la sociedad civil. Incluso el Poder Judicial, el poder corporativo más tradicional de nuestro ordenamiento jurídico, ha debido hacer espacio a representantes de la sociedad civil en la comisión a cargo de reformarlo y, por si esto fuera poco, en el Consejo Nacional de la...

Exactamente en el sentido contrario a la destrucción, no solo de vidas y de infraestructura, sino de vínculos sociales, de convivencia e intercambio y de tradiciones colectivas, que significó la violencia subversiva y su represión en las regiones afectadas, durante los mismos años, pequeñas y al inicio poco visibles experiencias de participación ciudadana empezaron a ponerse en marcha desde los inicios de la década de 1980. La Izquierda Unida, que llegaba por primera vez a tener responsabilidades de gobierno en los municipios, aportaba a la gestión pública algo nuevo: su relación directa con las organizaciones a través de las cuales...

La participación ciudadana es un derecho constitucional. A diferencia de otros mecanismos de participación, estamos aquí ante normas universales en las que el sujeto de derecho son todos los ciudadanos, organizados o no, y el ejercicio de participación es directo; no está mediado; no se ejerce a través de representantes. El sujeto de la participación no es la sociedad civil, es el ciudadano; el portador de un Documento Nacional de Identidad.

Su expresión más básica, más antigua, más reconocida, es la elección universal de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Básica, pero solo desde hace veinticuatro años estable...

Las iniciativas de participación y control que acabamos de analizar, inciden, si pueden, en las decisiones públicas o en la composición de las élites a cargo de ellas desde fuera. Como una manifestación en las calles. Imponen, desde fuera de los marcos de la gestión pública, la voluntad ciudadana. Si es mayoritaria.

Pero los mecanismos que analizaremos a continuación, significan que los marcos institucionales de gestión se abren para incorporar a la sociedad. El costo es, por supuesto, numérico: no entran todos y sólo puede incorporarse a sus representantes. La ventaja es que no son excepcionales; pueden ser habituales, constantes....

La reunión de los vecinos con el alcalde, el “cabildo”, es tan antiguo como la propia institución del gobierno local, la municipalidad; el gobierno democrático antes de la formalización de la democracia. Pero en el Perú, así como no cualquier peruano ha sido un ciudadano, tampoco cualquier avecindado de una localidad ha sido siempre un vecino. En su estudio sobre los gobiernos locales en Huanta y Huamanga, Degregori, Coronel y del Pino (1998) encuentran que, aún en 1966, cuando la elección de autoridades municipales se organiza por votación popular por primera vez en el siglo XX , los alcaldes ejercían...

Alberto Fujimori había gobernado durante dos períodos y logrado poner en marcha un programa de ajuste estructural altamente regresivo, sin enfrentar protestas o movimientos sociales. Había abierto espacios institucionales para la acción colectiva a través de la ley de participación y control que, sin que fuera utilizada por los ciudadanos, permitía discursivamente canales directos con el poder, dejando de lado la mediación de los partidos políticos. Había puesto en marcha y afinado un sistema de clientela política, creando organizaciones de base subordinadas a los organismos públicos de gestión de políticas sociales y fondos de inversión social, eliminando la mediación de...

Una variedad de objetivos se acoge bajo el paraguas de la participación ciudadana: reducir el aparato del Estado; despolitizar decisiones públicas, sustraer a la representación política ámbitos de decisión; vigilar funcionarios o electos. En la mayoría de ellos, hay un sustrato de desconfianza; la desconfianza de que las autoridades electas y sus funcionarios pueden utilizar lo público para su beneficio privado (corrupción) o para reproducirse en el poder.

No sorprende que tras el fujimorismo, un régimen caracterizado por ambos comportamientos, la corrupción y el uso de los recursos públicos para reproducirse en el poder, a través del montaje de clientelas...